La primera semana de la regularización extraordinaria (iniciada el 20 de abril) ha provocado un colapso total de los servicios públicos en todo el país. Las oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos están desbordadas, y miles de personas viven una auténtica odisea burocrática llena de incertidumbre y frustración.
En solo cinco días se han registrado más de 60.600 solicitudes en toda España. Las agendas están prácticamente agotadas y quedan muy pocas citas disponibles. Muchos solicitantes se encuentran con la desesperante realidad de que no hay huecos hasta junio o incluso más tarde.
La situación es especialmente dramática en Cataluña, la región con mayor concentración de migrantes:
- En L’Hospitalet de Llobregat tuvieron que abrir el recinto ferial La Farga, donde atienden a más de 2.000 personas al día.
- La Fundación Ibn Battuta en el Raval de Barcelona se vio obligada a cerrar sus puertas: ya tiene 8.000 citas completas hasta junio y no puede atender a nadie más.
- Barcelona activó de urgencia cuatro nuevos puntos de atención sin cita previa.
- En Badalona solo reparten 270 turnos diarios, y aun así las colas son interminables.
El sindicato mayoritario de funcionarios CSIF ha denunciado con dureza la “pésima planificación e improvisación” del Gobierno:
- Fallos constantes en la antigua plataforma Mercurio (solo permite 15 Mb de documentos).
- Falta grave de personal y formación insuficiente.
- Familias enteras acuden con una sola cita, lo que multiplica los tiempos de atención.
- Muchas oficinas cierran a las 21:00, dejando a los trabajadores exhaustos.
Miles de solicitantes recorren de un lado a otro ayuntamientos y entidades en busca de certificados de empadronamiento y vulnerabilidad social, con información confusa y sin apenas citas disponibles. La sensación general es de caos y abandono.
Las autoridades catalanas calculan que solo en esta comunidad entre 120.000 y 150.000 personas podrían beneficiarse del programa. La segunda gran oleada de presión llegará en julio, cuando los expedientes pasen al SEPE, Seguridad Social y Policía, y todo apunta a que la situación empeorará.
(El País, El Mundo y ABC, 21-22 de abril de 2026)
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