El Congreso ha dado un paso —simbólico, pero con peso—. Con 186 votos a favor, 159 abstenciones y solo dos en contra, la Cámara aprobó una proposición no de ley del PP que le exige al Gobierno que elimine la cita previa obligatoria en todas las oficinas de la Administración General del Estado. O sea, en sitios como el SEPE, la Seguridad Social o la DGT, donde todavía te piden una cita para cualquier cosa que necesites.
La propuesta —que apoyaron Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG— pide garantizar que puedas ser atendido sin cita. Eso sí, también quiere que se mantenga la opción online y la cita previa voluntaria. El texto recuerda que la ley de Procedimiento Administrativo Común no obliga a pedir cita para todo. Y los diputados citan la Constitución: hay que quitar obstáculos que dificulten tus derechos.
El problema —y lo sabes bien si eres extranjero— es que la cita previa se ha vuelto una pesadilla para trámites como residencia, nacionalidad o renovaciones. El diputado Ángel Ibáñez lo denunció: en el 80% de los trámites no hay citas. Y cuando las hay, esperas 15 o 20 días. De hecho, hay un mercado negro donde las venden hasta por 100 euros. Ione Belarra también lo señaló.
El PSOE se abstuvo. Dijeron que el Gobierno ya está en ello —promesa de enero de 2024 del entonces ministro Escrivá— pero, de momento, nada. Los socialistas echan la culpa a los recortes de plantilla del PP en 2012. Pero la realidad: tú, como extranjero, sigues peleándote con un sistema atascado. Así que, ¿qué haces?
¿Qué puedes hacer mientras tanto? La proposición no es vinculante, así que las administraciones no están obligadas a cambiar. Si necesitas un trámite urgente, intenta pedir cita a primera hora —o en horas bajas. También puedes ir a una gestoría, aunque cueste. Y sobre todo: no pagues por una cita en el mercado negro. Es ilegal y no tienes garantías. Muévete, pero con cabeza.
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