Ponte en su lugar. 17 meses intentando pedir cita de asilo, sin éxito. Eso es lo que vivió un ciudadano colombiano hasta que la Audiencia Nacional dijo basta. Desde mayo de 2022 hasta octubre de 2023, probó la sede electrónica y el teléfono… nada. La Administración, según el tribunal, le cerró la puerta al procedimiento. Así que el juez le ha dado la razón: la sentencia obliga a la Administración a darle cita.
Este fallo no es flor de un día. Miles de personas que huyen de conflictos —Colombia, Ucrania, Afganistán— se topan con la misma puerta cerrada. ONG como CEAR, que llevó el caso de este colombiano, llevan años denunciándolo. La normativa europea exige un acceso efectivo, sencillo y rápido. Pues la realidad es otra: un sistema de citas colapsado que te impide siquiera empezar el trámite.
Pero él no se rindió. Recopiló pantallazos de cada rechazo, presentó quejas al Defensor del Pueblo y al ACNUR y, al final, acudió a la justicia. La Audiencia Nacional dio por bueno que había manifestado su voluntad de pedir asilo y que la Administración le había denegado la cita de forma presunta. El resultado: le reconoce el derecho a obtener la cita con todos los efectos legales —incluida la autorización para trabajar seis meses después de presentarla.
¿Estás en una situación parecida? No te limites a insistir sin dejar huella. Guarda todas las pruebas:
- Capturas de pantalla de los intentos fallidos en la sede electrónica.
- Registros de llamadas al teléfono de cita previa.
- Correos electrónicos o cualquier comunicación.
- Quejas formales ante el Defensor del Pueblo y, si puedes, busca asesoría legal.
Cada vez hay más sentencias que abren la puerta a reclamar judicialmente el derecho a la cita. Así que muévete, que la justicia puede estar de tu lado.
Esta sentencia llega justo antes de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que aprieta los plazos. Elena Muñoz, coordinadora de CEAR, lo dice claro: la Administración ha mejorado un poco, pero aún está a años luz de lo que exige la ley. Este caso sienta un precedente: la justicia puede obligar a la Administración a cumplir. Y eso, para muchos, es un respiro.
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