Según los cálculos de la Policía Nacional, la regularización extraordinaria que ha puesto en marcha el Gobierno puede dejar a tres millones de personas en situación legal en España. Ojo, que la cifra no solo incluye a los 1,2 millones de solicitantes iniciales, sino también a sus familias —que llegarían por reagrupación—. Y los mandos de Extranjería ya lo dicen claro: el sistema puede colapsar.
El malestar en la Policía es más que evidente. Sienten que Migraciones los ha dejado fuera del control de los trámites —que es su competencia por ley—. Fuentes internas cuentan que la Policía se va a limitar a poner el sello a las tarjetas que ya haya validado el ministerio. Sin poder verificar documentación ni antecedentes penales. Eso, dicen, debilita la seguridad del proceso.
El trámite se ha ido de las manos: el Gobierno esperaba medio millón de solicitudes, pero han llegado más del doble. Y no es nuevo: la Comisaría General de Extranjería ya avisó en un informe interno —hace casi dos años— de que la necesidad se conocía y que la 'urgencia' era discutible. También alertaron de un posible efecto llamada y de que los servicios públicos se iban a saturar.
Lo que más preocupa es la reagrupación familiar. Por cada persona que se regularice, pueden llegar hasta tres familiares, según la Policía. Y eso, claro, abre la puerta a fraudes: pagar a alguien para que se haga pasar por hijo o padre. Los agentes ya han detectado algún caso, aunque dicen que los pillan rápido porque en esos núcleos hay muy pocos solicitantes reales.
Si estás dentro del proceso de regularización, tienes que estar muy atento a los plazos y a la documentación que te pidan. La Policía solo aparecerá al final —para poner el sello—. Cualquier problema o retraso vendrá de la gestión del ministerio. Así que ya sabes: no te fíes de intermediarios que te prometan agilizar los trámites. Las mafias están al acecho.
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