Imagínate dos meses pegada al móvil buscando cita en Extranjería. Pues eso le pasó a Valeria. Su tarjeta roja –el documento que acredita que su solicitud de asilo está en trámite– caducaba el 6 de septiembre de 2024. Nunca lo consiguió. Hasta que un día, en un locutorio donde mandaba dinero a Colombia, le ofrecieron una salida: ellos podían conseguirle la cita. Por 50 euros, en efectivo. Lo pagó. Y funcionó.
Valeria no es un caso raro. La Policía Nacional ha desmontado en los últimos años varias tramas que usaban programas informáticos para acaparar citas de Extranjería y revenderlas. Los precios llegaban hasta 200 euros. En mayo de 2023, 69 personas detenidas por bloquear el sistema con un bot. En septiembre de 2024, dos más en Valencia. Después, otra red de 21 arrestados en varias provincias. En los registros, documentación falsa y un montón de dinero en efectivo.
Elena Muñoz, responsable jurídica de CEAR, lo dice claro: “El origen de este mercado negro es la escasez de citas. Donde hay suficientes, no aparece”. Por ejemplo, en provincias con menos demanda o en el sistema de protección temporal para ucranianos, no se ha visto este negocio ilegal. La demanda de asilo se ha disparado: en 2025 se registraron 144.396 solicitudes, un 67% más que el año anterior. Pero el acceso a la primera cita sigue siendo un cuello de botella.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado presentó en junio de 2023 una queja ante la Comisión Europea por el incumplimiento de los plazos para registrar las solicitudes de asilo. Las directivas europeas exigen que una persona que pide protección internacional tenga su cita en un máximo de tres a seis días. En España, esa promesa choca con la realidad de webs colapsadas y sistemas que se saturan.
¿Qué puedes hacer si te ves en esta situación? El Ministerio del Interior asegura que la Policía trabaja para mejorar el sistema y que en las provincias con más demanda se habilitan vías alternativas: teléfono, correo electrónico o atención presencial. Pero no siempre funcionan. Lo más seguro es acudir a organizaciones como CEAR o a servicios jurídicos gratuitos. Pagar a un intermediario es ilegal y además te arriesgas a estafas: hay quien cobra por una cita que no existe. Así que ya sabes: no te fíes y muévete por lo legal.
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